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Boletín de prensa 20 de enero de 2011
EL TIEMPO
¿QUÉ CONTIENE LA LEY QUE REFORMA LA SALUD?
Gratuidad en servicio a los niños con discapacidad y fijar topes a precios son dos de los cambios.
Después de un trámite legislativo que traía mensaje de urgencia, el Congreso de la República aprobó, en sus últimas sesiones ordinarias, la ley que reforma el Sistema de Salud.
Dicha norma, sancionada ayer por el presidente Juan Manuel Santos, garantiza la prestación del servicio en cualquier parte del territorio nacional, fortalece la Superintendencia de Salud, fija el tope de los precios de los medicamentos y ordena gratuidad en la atención a niños con discapacidad, así como a víctimas de catastrofes naturales.
Los aspectos más relevantes de la nueva ley son:
En aseguramiento
A partir de la ley se garantiza el acceso a la salud en todo el territorio nacional con un mismo carné.
Desaparecen los planes parciales de beneficios y se amplía la modalidad de planes voluntarios en salud (distintos al POS).
En el régimen subsidiado
En adelante, estará administrado por los entes territoriales. Para evitar la desviación de recursos y las demoras en los pagos, el Sistema de Salud hará giro directo de los pagos a las clínicas y los hospitales.
En salud pública
Niños y adolescentes tendrán atención preferente; habrá gratuidad en la atención de menores con discapacidad o afectados por enfermedades catastróficas o ruinosas. Para los menores de edad planes de beneficios específicos.
En financiación del subsidiado
Este recibirá recursos de regalías, el 1,5 por ciento de la cotización de los afiliados al Contributivo, dos puntos del IVA sobre las apuestas permanentes y el 5 por ciento de los recaudos del subsidio familiar, entre otros.
Prestación de servicios
Se prohíbe cualquier obstáculo que impida que una persona acceda al servicio de salud. También se prohíben las multas a los afiliados.
Hospitales públicos
Se crea un fondo con recursos del presupuesto nacional, para el desarrollo de planes de inversión, fortalecimiento de capacidad institucional y modernización de la gestión.
Medicamentos
La ley determina la fijación de precios de referencia para fármacos (con el ánimo de evitar sobrecostos).
Indicadores de salud
Se fortalecerán los sistemas de información para obtener indicadores claros de salud, que permitan hacer seguimiento administrativo de la situación de salud del país y generar planes.
Inspección, vigilancia y control
La ley fortalece la Superintendencia Nacional de Salud y le ordena descentralizarse para cumplir con su misión en todo el país.
Médicos no están de acuerdo
En carta a Santos, los médicos y profesionales de la salud declinaron asistir a la sanción de la ley porque, según ellos, esta "no refleja las soluciones de fondo a los problemas del sector, que lo tienen sumido en la más profunda crisis de las últimas tres décadas.
PROTOCOLARIAMENTE RENUNCIARON FISCALES DELEGADOS ANTE LA CORTE SUPREMA
La Fiscal General, Viviane Morales, examinará el desempeño de los funcionarios.
Los once fiscales presentaron sus cartas de renuncia ante la Fiscal General, Viviane Morales, para dejarla en libertad de elegir a sus más cercanos colaboradores.
La nueva Fiscal ahora definirá quienes de ellos serán ratificados para llevar los procesos contra personas investigadas que por su fuero son juzgadas por el alto tribunal.
Como coordinador de los fiscales delegados, se da por hecho que será ratificado el fiscal Luis Alfonso Triana.
El año pasado, el ex fiscal encargado Guillermo Mendoza había pedido la renuncia de los fiscales delegados, y en esa ocasión salió Ángela María Buitrago bajo el argumento de que tenía una gran cantidad de expedientes represados.
Fuentes oficiales señalaron que la Fiscal Morales examina el desempeño de los funcionarios y aun no ha tomado una decisión sobre la continuidad de los delegados ante la Corte.
EL ESPECTADOR
POR PRIMERA VEZ JUDICATURA DESTITUYE A JUEZ QUE PROTAGONIZÓ ACOSO LABORAL
Se trata de una operadora jurídica Civil que incluso le prohibía a un funcionario usar el baño del despacho.
Por primera vez en su historia la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó con destitución un caso de acoso laboral, esta vez protagonizado por la Juez 25 Civil Municipal de Cali, Valle Gloria Teresa García Varela.
Así lo manifestó el presidente (e) de la Sala, Henry Villarraga, quien precisó que los frecuentes insultos, persecución y calificaciones irregulares de parte de la funcionaria en contra del oficial mayor o sustanciador Carlos Alberto Salcedo llevaron a los magistrados a confirmar la decisión sancionatoria determinada por el Seccional del Valle del Cauca.
La Juez empezó desdecir de la labor del funcionario desde su mismo nombramiento, utilizando calificativos lesivos para su persona; llegó al punto de prohibirle el uso del baño del despacho, aduciendo su supuesta condición prostática y señalando que ‘caminaba como un pato cansado’.
Pero los ataques personales no fueron la única herramienta utilizada por la funcionaria, según la Sala, pues llegó a calificar sus servicios con un puntaje de 44 sobre 100, evaluación que no era el resultado de un juicio certero y acorde a su desempeño, pero que fue definitivo para excluirlo de la carrera judicial.
En la ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria se explica que la llegada de Salcedo al cargo se produjo porque ocupó el primer lugar en la lista de elegibles y sin embargo la titular del despacho se dedicó a maltratarlo, perseguirlo y discriminarlo y buscó entorpecer sus funciones laborales.
PROCURADURÍA DICE SÍ AL TRANSPORTE DE ANIMALES EN CARROS DE SERVICIO PÚBLICO
Dice que la prohibición, incluso puede afectar el derecho al mínimo vital de muchas familias.
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que eche abajo la norma del Código Nacional de Tránsito que prohíbe el transporte de animales en vehículos de servicio público, siempre y cuando se trate de especímenes de carácter doméstico.
El Ministerio Público señaló que, aunque la norma es efectiva a la hora de controlar el tráfico de fauna silvestre, cuando se trata de mascotas o animales domésticos esta disposición puede terminar afectando incluso el derecho a un mínimo vital para la ciudadanía.
“Muchos campesinos, indígenas y afrodescendientes carecen de cualquier otro medio de transporte para llevar al mercado los animales que crían (gallinas, chivos, cerdos), con el fin de derivar el sustento de ellos y de su familia”, sostuvo el organismo de control en el concepto.
Sin embargo, la Procuraduría consideró que, en el escenario en que se adopte esta postura, es necesario recurrir a medidas de precaución, a fin de evitar imprevistos.
El artículo 87 del Código Nacional de Tránsito prohíbe el transporte de animales en vehículos de servicio público, a no ser que se trate de perros lazarillos, que sirven de guía a personas invidentes.
El demandante considera que esta limitación es violatoria de los derechos a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a circular libremente por el territorio nacional y a la propiedad privada.
CON SIMULACROS HABRÍAN PREPARADO A PERSONAL DE PALACIO PARA TOMA DEL M-19
Un chofer del Palacio de Justicia dijo que el día anterior a los hechos la Policía desmontó los esquemas especiales de seguridad.
Hasta a la práctica de simulacros con el personal que trabajaba en el Palacio de Justicia habría llevado la previsión que tenían las autoridades por la toma que, finalmente, efectuaron guerrilleros del M-19, señaló Jorge Alberto Medina Peñuela, quien trabajaba como chofer para los magistrados del Consejo de Estado en 1985.
Aseguró, además, que exactamente un día antes de la acción la Policía levantó los esquemas especiales de protección que habían comenzado a operar alrededor del edificio, luego del supuesto descubrimiento del plan de los insurgentes.
Añadió que conoció la versión de que uno de sus compañeros había sido vestido con el mismo tipo de sudaderas que usaron los guerrilleros al ingresar al Palacio, que salió con vida de allí y que luego fue trasladado al Cantón Norte, donde fue interrogado por la sospecha que recaía sobre él acerca de su presunta complicidad con el personal del M-19.
Al parecer, fue identificado por las autoridades, al analizar un cadáver inicialmente denominado como N.N. El testigo también señaló que otro de sus compañeros, Jorge Reina, también fue conducido a la guarnición militar en mención, donde se le practicó un interrogatorio.
La declaración se produjo en el marco del juicio que enfrenta el coronel (r) del B-2 de la Brigada 13 del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano por su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 civiles durante el holocausto del Palacio de Justicia.
Al proeso también fueron vinculados el mayor (r) Óscar William Vásquez, el sargento viceprimero (r) Ferney Ulmardín Causaya y el sargento segundo (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, agentes que para la época de la toma hacían las veces de subalternos de Sánchez.
DESPLAZADOS EN BOGOTÁ PODRÍAN USAR SUBSIDIOS DE VIVIENDA FUERA DE LA CIUDAD
El proyecto de acuerdo se presentó en el Concejo de Bogotá.
La Secretaría de Hábitat presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá que busca que los desplazados en la capital puedan usar los subsidios de vivienda fuera de la ciudad.
La idea es que el Alcalde Mayor tenga la facultad de aplicar el subsidio de vivienda para personas en condición de desplazamiento en su lugar de origen o en el lugar que ellos deseen.
“El proyecto beneficiará a esas familias que se encuentran radicadas en la ciudad para que puedan acceder al subsidio, utilizar los recursos en la adquisición de vivienda, nueva o usada, en cualquier parte del país”, explicó la secretaria de Hábitat, Juliana Álvarez Gallego.
El único requisito que deben cumplir los desplazados es ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda que les otorga la Nación.
La medida no solamente busca entregar subsidios para la adquisición de vivienda sino que estas personas sean reasentadas y se restablezcan económicamente.
El proyecto cursará en el Cabildo Distrital y será analizado en sesiones extras.
PARALELOS
Por: Tatiana Acevedo
En días pasados el convicto CÉsar Maldonado fue acusado, junto con varios compañeros, de gestionar sabrosas bacanales (chicas y estimulantes incluidos) en su lugar de reclusión. Como consecuencia inmediata de sus actos, los carceleros de la Base Militar de Tolemaida lo dejaron darse a la fuga.
Entre tanto, hace algunos meses la reclusa Carolina Díaz fue culpada de “besar a una compañera por amistad” en uno de los pasillos del Anexo para Mujeres de la Cárcel Distrital de Varones. Como secuela contigua a sus actos, los centinelas le impusieron 30 días de “aislamiento en calabozo”.
César pasó 24 horas libre, en Melgar, luego de lo cual fue recapturado tras habernos demostrado que, pese a estar condenado, hace lo que se le da la gana. Carolina pasó 30 días en una suerte de mazmorra, apartada por completo de cualquier contacto humano y con derecho a escasas dos horas diarias de sol.
Finalizado el castigo, Carolina interpuso una acción de tutela contra el director del centro penitencial que le fue negada por el Juez 27 Penal de Bogotá. Después de que le fuese remitida a la Corte Constitucional, una vez más le fue denegada. El Fallo T-622 no sólo desestima la denuncia sino que alega que “No es este el momento ni el ámbito para estudiar si la sanción impuesta y cumplida resultó rigurosa o si eventualmente fue producto de una carga subjetiva”.
Y entonces uno se pregunta: ¿si no es la Corte Constitucional, cuál es la instancia para reflexionar sobre la crudeza y el carácter prejuicioso de la sanción impuesta a Carolina? ¿Calabozos? ¿Aislamiento? ¿Privación de la luz y visitas? ¿Todo esto por un beso entre mujeres?
A diferencia de lo que opinan quienes emitieron el fallo, liderados por el magistrado Nilson Pinilla, creo que este es el momento y que cualquiera es el lugar para comenzar a hablar de un episodio tan homofóbico como inhumano.
En últimas, lo justo sería que mientras poderosos machos celebran orgías y toman whisky en donde sea que cumplan su pena, nos preguntemos, cuanto antes, por las condiciones de vida en los centros de reclusión de mujeres.
CMI
LA CORTE SUPREMA CAMBIA JURISPRUDENCIA PARA PROCESAR A PARAPOLÍTICOS ABSUELTOS POR JUECES
La Corte Suprema de Justicia reasumirá la competencia en el caso del exsenador William Montes, quien fue absuelto por un juez especializado de Bogotá por supuestos nexos con los paramilitares.
Esta es la primera vez que la corporación determina estudiar el caso de un excongresista que ya había sido absuelto por un juez y cuyo proceso se encontraba en manos de un Tribunal Superior.
El alto Tribunal adoptó esta determinación al considerar que los hechos por los cuales fue juzgado el excongresista, están relacionados con el desempeño de su cargo como senador.
Los magistrados determinaron que estudiarán la apelación que fue presentada por la Fiscalía General, en contra del fallo absolutorio del juez y que le dio la libertad a William Montes.
En los próximos meses, la Sala Penal analizará el caso para luego proferir una sentencia absolutoria o condenatoria.
A William Montes se le acusa de tener presuntos vínculos con el ex jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', quien supuestamente habría apoyado su campaña al Congreso en el 2002.
REVISTA SEMANA
LISTOS LOS ÚLTIMOS CUATRO DECRETOS DE EMERGENCIA
Este jueves el Gobierno expedirá el que será el último paquete de normas para contrarrestar los efectos de la emergencia invernal. Buscará reestructurar las CAR, facultar a los organismos de control y condonar deudas a los agricultores afectados.
Miércoles 19 Enero 2011Uno de los temas analizados en la Mesa de la Unidad fue el de los últimos decretos con fuerza de ley que serán expedidos este jueves en el marco del estado de emergencia.
Los presidentes de los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno respaldaron estas últimas medidas.
Serán cuatro los decretos que, aunque están prácticamente listos, se afinarán en la tarde en el segundo Consejo de Ministros del 2011.
Reforma a las CAR
El primer decreto consiste en la reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales. En principio buscará “modificar su gobernancia”, tal como lo explicó el senador Juan Lozano.
En esta medida se pretende cambiar el origen de designación de los directores de estas Corporaciones, que pasarían de un origen político a un perfil gerencial, al igual que será modificada la composición de las juntas de estos organismos autónomos.
No se modificará el número de Corporaciones -hoy son 32 en total-, pero esto sería estudiado en sesiones extra en el marco del proyecto de facultades especiales al Presidente para escindir ministerios y reformar departamentos administrativos.
Seguro de cosecha
El segundo decreto que expedirá el Presidente este jueves se denomina ‘seguros de cosecha’ y pretende apoyar, con instrumentos financieros del Estado, a los pequeños campesinos y agricultores que estén en riesgo de ver afectadas sus cosechas a causa del invierno.
En esta medida también se incluirá, con criterios de equidad, medidas que subsanen a los agricultores damnificados, las cuales serán a través de la condonación de créditos por parte del Banco Agrario, una medida que ya se estaba instrumentando en la costa caribe y que se extenderá a todas las regiones afectadas.
Nuevas normas de contratación
Otro de los decretos busca modificar las normas de contratación, pero exclusivamente que cobijen los más de cinco billones de pesos destinados para la fase de ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción.
Así lo explicó el ministro del Interior, Germán vargas Lleras, al subrayar que no buscará modificar todas las leyes vigentes en materia de contratación, sino exclusivamente los procesos de ayuda humanitaria y rehabilitación.
Facultades a organismos de control
El último de los decretos que serán firmados por el Ejecutivo es el que busca otorgar nuevas facultades especialmente a la Contraloría, que será la encargada de hacer vigilancia y prevención de los recursos estatales ejecutados por gobernadores y alcaldes de departamentos y municipios afectados.
Aún se desconoce si en este decreto se ampliarán sanciones de carácter penal a quienes desvíen estos recursos, tal como había pedido un sector mayoritario del Congreso cuando aprobó el estado de emergencia invernal.
QUIÉN SE OPONE AL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL INVIERNO?
El senador del Polo se atrevió a exponer sus argumentos por los que se opone a la declaración del estado de emergencia, en un tema tan sensible como la tragedia invernal. La declaración de emergencia parecía ser un tema de auténtica unidad nacional. Sin embargo, dos senadores se opusieron a ese estado excepcional. Dicen que hay aspectos que violan la Constitución. Jorge Robledo, uno de ellos, explica su posición.
El pasado lunes, el Congreso en pleno aprobó de forma casi unánime el primer decreto con el que el Gobierno declaró el estado excepcional de emergencia, como medida para enfrentar las consecuencias de la ola invernal. Y fue casi unánime porque, al menos en el Senado, de los 94 asistentes sólo dos congresistas se opusieron a ese respaldo.
Fueron dos senadores del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo y Alexánder López, quienes en un tema en el que parecía haber unanimismo -pues hasta había una decisión del partido de sumarse a ese respaldo- tuvieron la convicción de dejar por escrito, y de forma pública, su oposición a la decisión que adoptó el presidente Juan Manuel Santos el 7 de diciembre del 2010.
“Ya sé, van a decir que Robledo es un enemigo del país”, dice el senador del Polo al admitir su postura, y le dijo a Semana.com por qué tomó esa decisión.
"Emergencia anunciada"
Robledo dice que la declaración de emergencia es inconstitucional, al señalar que no cumple los requisitos básicos contemplados en el artículo 215 de la Carta Política.
Ese artículodice que debe ser declarado el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que amenacen perturbar los órdenes económico, social y ecológico. Para Robledo, el desastre generado por la ola invernal no constituye hechos sobrevinientes ni sorpresivos, “todo lo contrario, se trata de hechos anunciados”.
“El Gobierno ha sido lerdo a la hora de actuar”, dice, al registrar artículos de prensa en los que desde el 2009 se advertían tragedias como la del Canal del Dique en Atlántico, en la que sólo se actuó el 6 de diciembre, cuando se expidió el decreto. “¿Las inundaciones en La Mojana son nuevas? (...) En su primer acto de Gobierno, el presidente Santos visitó a las víctimas del invierno en esa región (...) Ni el gobierno de Uribe ni el de Santos hicieron lo que les correspondía”.
“Dictadura constitucional”
El senador del Polo dice que la emergencia social es un estado de excepción que le arrebata al Congreso su principal función, al suplir con decretos con fuerza de ley la facultad legisladora de Senado y Cámara de Representantes.
Por eso, Robledo utilizó la expresión “dictadura constitucional”. Explicó que las disposiciones, contenidas en los 27 decretos expedidos en el marco del estado de excepción, pueden ser normas arbitrarias. “El Congreso no se pregunta sobre sus alcances. ¿Qué meterán allí?”.
Aunque el Congreso, el próximo 7 de febrero, deberá hacer control político a los 27 decretos expedidos en el marco de la emergencia social, hay uno en el que el Polo dará la pelea.
Se trata del de la venta del 10 por ciento de las acciones de Ecopetrol que, según el decreto, se destinarán a la reconstrucción de la infraestructura vial afectada por el invierno.
La tesis de Robledo es que el gobierno de Santos aprovechó la ola invernal para “continuar con la privatización de Ecopetrol. ¡Qué liebre la que salta! Van a vender a menosprecio parte de la gallina de los huevos de oro”.
Además, Robledo asegura que no es una decisión obligada por la emergencia invernal. “Revisen las declaraciones del presidente. Santos, lo había propuesto, incluso mucho antes que la emergencia invernal”.
La postura del senador del Polo no dejó de ser controvertida. Además, tras el apabullante respaldo de la declaratoria de emergencia social, propuso un debate de control político más profundo cuando comience el período de sesiones extraordinarias en el Senado.
De momento, el próximo capítulo de este debate será el 7 de febrero, cuando, con lupa, serán analizados los 27 decretos que surgieron en el marco de la emergencia invernal.
EL NUEVO SIGLO
PRESIDENTE SANTOS SANCIONÓ LA LEY DE REFORMA A LA SALUD
La ley de reforma a la salud, que fue calificada por el presidente Juan Manuel Santos como el punto de partida para tener un sistema de salud de calidad, incluyente, equitativo y sostenible, con énfasis en las necesidades de los usuarios, fue sancionada ayer por el mandatario.
“¡El país ha entendido que la salud es la primera y más importante riqueza de cualquier ser humano!”, manifestó Santos durante el acto de sanción de la Ley, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.
El gobernante destacó que con su entrada en vigencia, “esta ley se convierte automáticamente en un nuevo paso para alcanzar las siguientes metas: calidad y cobertura universal en materia de salud”.
La ly, según el Gobierno, tiene como objetivo principal hacer que la prestación de servicios de salud sea de calidad, equitativa en condiciones de igualdad, en un marco de sostenibilidad financiera y en busca del bienestar de los usurarios.
Críticas
Abstenerse de sancionar la reforma a la salud y “devolver al Congreso el proyecto de ley” por “considerarlo inconveniente para el país” le habían solicitado al presidente Santos, a través de un derecho de petición, un amplio grupo de profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
Consideraron los catedráticos que el Congreso aprobó el proyecto “en franco desconocimiento de la información que se le ha hecho desde diferentes fuentes” que señalan cómo “en sus 16 años de operación, el Sistema General de Seguridad Social de Colombia ha mostrado ser un sistema costoso, ineficiente, inefectivo, inequitativo, excluyente y contrario a los principios constitucionales” y que "para mantener este sistema gastamos más que otros países y obtenemos peores resultados”.
La reforma a la salud es una iniciativa que ha generado polémica porque algunos sectores argumentan que la tutela debe ser mantenida como recurso legal para resolver solicitudes de los usuarios. Mientras que otros consideran que ante la llamada tutelitis este recurso debe desaparecer del panorama médico.
Como lo publicó hace poco EL NUEVO SIGLO, un estudio del Grupo de Investigación de Economía Laboral de la Universidad de la Salle concluyó que la reforma a la salud regula vicios del sistema pero no corrige su principal falla.
La crítica de los académicos está enfocada precisamente en que la iniciativa, en lugar de establecer un procedimiento administrativo para los denominados tratamientos no-POS, deja en manos del recurso de la tutela el acceso a la salud en esos casos.
“Lo que estamos proponiendo nosotros es que se establezca un mecanismo para que sea la misma EPS la que determine la necesidad del tratamiento”, le explicó a este Diario el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Luis Fernando Ramírez